AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La asociación civil Cultivida expresó su preocupación ante una eventual decisión del Tribunal Constitucional (TC) que podría restringir el uso de insumos clave para la agricultura peruana, advirtiendo que una medida de esta naturaleza tendría consecuencias directas sobre la producción de alimentos, la competitividad del agro y la economía de miles de familias productoras, informó su director ejecutivo, Rubén Carrasco.
La controversia surge en el marco de una demanda presentada ante el TC que busca retirar del mercado productos ampliamente utilizados en el manejo agrícola, entre ellos glifosato, clorpirifos, imidacloprid y clotianidina. Según Carrasco, cualquier decisión sobre estos insumos debe sustentarse en evidencia científica y considerar el impacto económico y social que podría generar en el país.
“Restringir estos insumos sin contar con alternativas técnicas equivalentes debilitaría la competitividad del agro peruano, reduciría los rendimientos por hectárea y aumentaría la vulnerabilidad frente a plagas y enfermedades”, señaló Rubén Carrasco.
Carrasco explicó que muchos pequeños y medianos productores dependen de estas herramientas para mantener la productividad de sus cultivos y enfrentar los desafíos climáticos y fitosanitarios. En ese sentido, advirtió que una prohibición abrupta podría traducirse en menores volúmenes de producción, incremento de costos y un alza sostenida en los precios de alimentos básicos.
Asimismo, destacó que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han señalado que el uso regulado de estos productos puede realizarse de manera segura bajo estándares técnicos y buenas prácticas agrícolas.
Cultivida recordó además que el agro peruano atraviesa un proceso de recuperación y crecimiento en diversas regiones del país, por lo que consideró necesario promover decisiones equilibradas que protejan tanto la salud como la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el empleo rural.
Carrasco recordó además que el Perú ya tiene antecedentes de productos cancelados, como el paraquat, metamidofos y carbofuran, que, pese a haber sido retirados del mercado formal, continúan utilizándose debido a su ingreso ilegal por contrabando desde países vecinos donde todavía no han sido prohibidos.
Advirtió que esta situación genera un problema aún más grave, ya que dichos productos ingresan sin control ni supervisión técnica, al margen de los procesos regulatorios y de evaluación de riesgos para la salud y el ambiente.
“Cuando un producto ingresa de manera ilegal, no existe trazabilidad ni garantías sobre su manejo adecuado, lo que incrementa los riesgos para los agricultores, consumidores y ecosistemas”, señaló Rubén Carrasco.
Finalmente, la institución exhortó a que el debate se desarrolle sobre la base de criterios técnicos y científicos, priorizando soluciones viables que permitan seguir fortaleciendo la producción agrícola nacional sin poner en riesgo el abastecimiento de alimentos para la población.
