AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en exfuncionarios y funcionarios del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), unidad ejecutora del Gobierno Regional Piura, por irregularidades en la obra “Inyecciones complementarias en el aliviadero de emergencia de la presa Poechos”, cuyo monto contractual ascendió a S/24 448 481.93.
Los trabajos tenían como finalidad mejorar las condiciones del reservorio para reducir las filtraciones de agua en esta importante infraestructura hidráulica que abastece a miles de agricultores y usuarios de la región.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 013-2025-2-0612-AC, que evaluó el período comprendido entre el 18 de noviembre de 2019 y el 12 de junio de 2024, se identificaron seis observaciones relacionadas con la suscripción del contrato, la conformidad de valorizaciones, la ejecución de trabajos, la aprobación de suspensión de plazo, la aprobación del expediente técnico de un adicional de obra y el procedimiento de selección de la supervisión.
Se observó que, durante el procedimiento de selección para la supervisión, la entidad no admitió ni evaluó correctamente las ofertas, descalificando propuestas al margen de la normativa, lo que conllevó a otorgar la buena pro a un postor que no acreditó el factor de evaluación de metodología propuesta y cuya oferta económica fue mayor en más de S/85 000. Esto limitó el acceso a una mejor propuesta y afectó los intereses de la entidad.
Respecto al contrato de ejecución de obra, se evidenció que la entidad suscribió el contrato con una empresa que no acreditó el cumplimiento de los requisitos del plantel profesional, y que además no se realizó la fiscalización posterior correspondiente, beneficiando indebidamente al postor adjudicado.
Persisten filtraciones
En cuanto a los trabajos de inyección de lechada de cemento (proceso que consiste en aplicar, bajo presión, una mezcla de cemento y agua en puntos estratégicos de la estructura para mejorar su resistencia, rigidez y reducir su permeabilidad), la Contraloría verificó que no se cumplieron las especificaciones técnicas del expediente ni las recomendaciones de las investigaciones geognósticos (estudio sobre características del subsuelo) revisadas por la supervisión.
Esto ocasionó la extensión del plazo de ejecución de la obra, el pago de mayores gastos generales y servicios de supervisión por un total de S/831 284 en perjuicio de la entidad. Además, la obra fue recibida sin verificar su operatividad, persistiendo las filtraciones que comprometían su finalidad pública.
El informe también reveló que se otorgó conformidad a valorizaciones sin aplicar penalidades por inasistencia del residente de obra durante la ejecución contractual, y se autorizó que otro profesional asuma sus funciones sin cumplir el perfil exigido, lo que generó un perjuicio adicional de S/490 150.
Asimismo, se constató que la suspensión del plazo de ejecución fue aprobada sin sustento técnico, lo que generó una extensión indebida del contrato y mayores gastos generales. También se aprobó un expediente técnico adicional sin sustento, ocasionando ampliaciones de plazo y un perjuicio de S/201 722.92.
Como resultado del control posterior, la Contraloría identificó la presunta responsabilidad penal y administrativa de 12 exfuncionarios y funcionarios. Por ello, se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios iniciar las acciones penales correspondientes. En paralelo, el Órgano Instructor de la Contraloría y la propia entidad deberán iniciar las acciones administrativas según corresponda.
