En el marco del Decreto Supremo n.º 040-2023-PCM, presidentes de diversas organizaciones asháninkas y nomatsiguengas de los distritos de Pangoa y Río Tambo solicitaron la ampliación del Proyecto Agricultura Familiar en Comunidades Nativas y de otros proyectos productivos, así como el incremento del número de beneficiarios.
El pedido se realizó durante una jornada de socialización de las intervenciones estratégicas del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (ProVraem), orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en las comunidades nativas.

En la actividad participaron representantes de seis organizaciones de pueblos originarios: la Organización Regional de Nacionalidades Amazónicas de la Selva Central (Ornasec), la Organización de Comunidades Asháninkas de Río Ene Pangoa (Ocarep), la Organización Milenaria Asháninka y Nomatsiguenga de Pangoa (OMANP), la Organización de Consejos de Comunidades Nativas Nomatsiguengas y Asháninka de Pangoa (Conoap), la Unión Asháninka Nomatsiguenga del Valle de Pangoa (Kanuja) y la Federación de Comunidades Asháninka del Bajo Perené (Feconabap), además de jefes de comunidades nativas donde interviene el ProVraem.
Durante la jornada, el ProVraem destacó los avances y resultados positivos de proyectos como Bambú, Recuperación de Suelos Degradados, Agricultura Familiar en Comunidades Nativas y Plátano y Banano. Los representantes de los pueblos originarios solicitaron ampliar el número de comunidades beneficiarias y fortalecer la coordinación con las organizaciones de comunidades nativas.
En ese sentido, el presidente de Feconabap, Fernando Rivas Cárdenas, resaltó que en el distrito de Río Tambo se evidencian resultados favorables del Proyecto Plátano y Banano, lo que ha permitido incrementar las áreas de producción agrícola en sus comunidades.
ProVraem y los presidentes de las organizaciones de comunidades nativas coincidieron en que estos espacios de diálogo son fundamentales para validar los logros alcanzados y asegurar que la inversión pública responda a las necesidades reales de las familias de las comunidades nativas, garantizando así un desarrollo sostenible en el Vraem.
