AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
En el marco del Día del Campesino, fecha destinada a destacar la importancia de la agricultura y la labor de los productores del país, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE Perú) se pronunció para denunciar que, pese a los discursos oficiales, el Estado continúa marginando al campesinado y priorizando los intereses de los grandes agroexportadores.
Según la organización, más del 95 % de los agricultores en el Perú son pequeños productores, cuyas demandas siguen sin ser atendidas. ANPE Perú exigió un programa nacional que garantice políticas públicas con igualdad, soberanía y justicia para el campo.
El 24 de junio fue decretado originalmente como el Día del Indio, en reconocimiento a la contribución de los pueblos indígenas. Años más tarde, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se modificó el nombre a Día del Campesino, en coincidencia con el Inti Raymi, lo que permitió resaltar el papel de la agricultura andina y del campesinado peruano.
Sin embargo, para muchos campesinos y campesinas del país, esta fecha no representa una razón de celebración mientras el Estado no reconozca de manera concreta los sacrificios y el trabajo diario que realizan. A ello se suma la postura del actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, quien ha sido cuestionado por favorecer abiertamente a los grandes agroexportadores, en desmedro del 95.4 % de pequeños agricultores y del 31.5 % de mujeres rurales que trabajan sin apoyo para alimentar a la población.
Frente a esta situación, ANPE Perú considera que el campesinado necesita políticas públicas de apoyo real por parte de las autoridades: medidas que aseguren condiciones de vida dignas, oportunidades de desarrollo, producción sostenible y reconocimiento de los conocimientos ancestrales. Asimismo, dichas políticas deben garantizar la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, fortalecer la organización social, proveer infraestructura adecuada y brindar seguridad jurídica sobre sus territorios.
La organización recordó que el Perú es un país con gran biodiversidad y riqueza natural, pero que aún figura entre los países con mayores índices de pobreza e inseguridad alimentaria. En muchas regiones se vive en condiciones de extrema pobreza, sin justicia ambiental, sin apoyo técnico ni acceso a financiamiento, lo que impide competir en igualdad de condiciones. La ausencia de infraestructura adecuada y múltiples barreras estructurales continúan limitando el desarrollo rural.
Desde su perspectiva, ANPE Perú sostiene que el campesinado no es responsable de esta realidad, sino la corrupción extendida en todo el aparato del Estado. Denunció que muchas autoridades buscan enriquecerse, relegando a la mayoría de pequeños agricultores. Añadió que, mientras los campesinos alzan su voz en defensa de sus recursos y territorios, enfrentan procesos judiciales y encarcelamientos injustos, producto de calumnias orquestadas por la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
La organización remarcó que no existe voluntad política, ni en el Poder Ejecutivo ni en el Legislativo, para reconocer los esfuerzos del pequeño agricultor. Según su análisis, las prioridades estatales se concentran en apenas el 2 % de las grandes empresas agroexportadoras, las mismas que —afirman— han recibido el respaldo del actual ministro a través de leyes, beneficios tributarios, inversiones millonarias y otras medidas favorables.
En ese contexto, ANPE Perú consideró imprescindible fortalecer los derechos y capacidades colectivas del campesinado, y recordó que son los ciudadanos quienes eligen a sus autoridades, por lo que tienen el deber de exigir un compromiso real con el desarrollo rural sostenible.
Finalmente, llamó a consolidar la unidad del campo para recuperar derechos y construir una verdadera democracia con igualdad, sin exclusiones, especialmente hacia pueblos originarios, comunidades campesinas y pequeños productores. No se trata —enfatizó la organización— de pedir limosnas, sino de exigir un programa nacional sustentado en políticas públicas de desarrollo sostenible, sin condiciones ni dependencias, que ofrezca un futuro mejor con oportunidades reales, especialmente para las juventudes.
