AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La Contraloría General de la República alertó que tres municipalidades provinciales y 17 distritales de Áncash no registraron, hasta el 31 de julio, ninguna ejecución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) destinado al Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, orientado a financiar acciones de prevención y respuesta ante los efectos del fenómeno El Niño 2026-2027.
Este programa presupuestal constituye uno de los principales instrumentos para financiar intervenciones de los gobiernos regionales y locales orientadas a la prevención, reducción del riesgo, preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.
Las 17 municipalidades distritales con cero por ciento de ejecución son: Macate (Santa), Pampas Grande (Huaraz), Tinco (Carhuaz), Cusca (Corongo), Huántar (Huari), Yuracmarca (Huaylas), Huayllán (Pomabamba), Fidel Olivas Escudero y Lucma (Mariscal Luzuriaga), Cochas (Ocros), Marca (Recuay), Bolognesi, Tauca y Santa Rosa (Pallasca), y Cashapampa, Huayllabamba y San Juan (Sihuas). En la misma situación se encuentran las municipalidades provinciales de Corongo, Pallasca y Asunción.
Asimismo, otros gobiernos locales presentan un avance de ejecución presupuestal de entre 0,01 % y 40 %. Entre las municipalidades provinciales figuran Huaraz (27,3 %), Huaylas (25,5 %) y Yungay (19,9 %).
En el caso de las municipalidades distritales, la Contraloría identificó a Moro, Santa y Nuevo Chimbote (Santa); Buena Vista Alta (Casma); Aczo (Antonio Raimondi); Acochaca (Asunción); Uco (Huari); Cátac (Recuay); y Lacabamba y Pampas (Pallasca).
Por otro lado, en el Gobierno Regional de Áncash se verificó un avance de ejecución presupuestal de 34,3 %. La Contraloría señaló que esta situación afecta el cumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), que establece la asignación de recursos para identificar oportunamente los riesgos, generar alertas tempranas y adoptar medidas antes de que ocurran daños.
Estas acciones buscan reducir el impacto de posibles emergencias y evitar la interrupción simultánea de infraestructura vial, producción, transporte y servicios esenciales frente a eventos climáticos adversos.
