AGROPERÚ Informa Revista del agro peruano
La Ley n.° 32615, publicada el 28 de mayo en el diario oficial El Peruano, establece un sistema integral de vigilancia tecnológica para la protección de la vicuña y la prevención de su caza furtiva. La norma —resultado de los proyectos de ley 8185, 8224 y 10219, de autoría de la legisladora Katy Ugarte— representa uno de los avances más importantes en materia de protección de fauna silvestre altoandina en la historia reciente del país.
La iniciativa nació como respuesta urgente ante un escenario de deterioro sostenido. La matanza de más de 100 vicuñas en la provincia de Chumbivilcas, región Cusco, junto con casos documentados en diversas regiones del país, evidenció que los mecanismos de vigilancia existentes eran insuficientes frente a redes de caza furtiva cada vez más organizadas. El vacío normativo era evidente: el Estado carecía de herramientas tecnológicas que permitieran actuar con rapidez y eficacia en territorios de difícil acceso.
La Ley n.° 32615 no se limita al uso de drones. Autoriza la implementación de un sistema integrado de tecnologías que incluye cámaras de videovigilancia y cámaras trampa con detección automática de movimiento; sistemas de geolocalización GPS para monitorear rutas y zonas de desplazamiento de las manadas; sensores remotos y dispositivos de monitoreo ambiental; imágenes satelitales para supervisar extensas áreas de territorio inaccesibles por vía terrestre; plataformas digitales y sistemas de alerta temprana para coordinar respuestas en tiempo real; y algoritmos de inteligencia artificial capaces de identificar patrones de riesgo y zonas críticas de caza furtiva. Toda esta arquitectura tecnológica se integrará a los sistemas de control existentes, fortaleciendo la capacidad operativa de las autoridades competentes, los gobiernos regionales y los guardaparques.
El Perú alberga la mayor población de vicuñas del mundo. Protegerlas no solo constituye una obligación ambiental, sino también una decisión estratégica de carácter económico y cultural. Miles de familias campesinas de las zonas altoandinas dependen del aprovechamiento sostenible de su fibra —considerada una de las más finas y valiosas del planeta— como fuente de ingresos. Cada vicuña víctima de la caza furtiva representa la pérdida de un recurso natural irremplazable y afecta directamente a las comunidades que han convivido con esta especie durante siglos.
“La vicuña no es solo una especie protegida; es un símbolo de identidad nacional y un recurso vital para las comunidades campesinas que conviven con ella. Con esta ley, el Estado les dice a los cazadores furtivos que la impunidad tiene los días contados”, señaló la congresista Ugarte Mamani.
Con esta norma, el Perú se coloca a la vanguardia regional en el uso de innovación tecnológica para la conservación de fauna silvestre. La ley beneficiará directamente a las comunidades campesinas dedicadas al manejo sostenible de la vicuña, a los gobiernos regionales con competencias en conservación y al país en su conjunto, al garantizar la continuidad de una de las especies más representativas de los Andes peruanos.
“La tecnología debe estar al servicio de la protección de nuestra biodiversidad. No podemos permitir que la caza furtiva siga atentando contra una especie que es símbolo del Perú”, afirmó la legisladora.
