Congreso aprueba nueva Ley de Promoción Agraria

El Congreso de la República aprobó en primera votación, con 43 votos a favor, la nueva Ley de Promoción Agraria, también conocida como “Ley Chlimper 2.0”. Según el presidente de la Comisión Agraria, Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular), la norma busca impulsar la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario, promoviendo además una agricultura moderna con protección social.

La medida, sostenida por los parlamentarios, tiene como fin fomentar una agricultura moderna que impulse la inversión y empleabilidad, priorizando la formalización de los pequeños productores agrarios, el fortalecimiento de la propiedad agropecuaria, el desarrollo de un entorno propicio para las actividades agrícolas, y la integración de cadenas productivas a través de la asociatividad.

Asimismo, busca incrementar las capacidades productivas de los pequeños agricultores para facilitar su acceso a mercados más rentables.

La propuesta fue sustentada por el presidente de la Comisión Agraria, Eduardo Castillo Rivas (FP), quien destacó diversos artículos del dictamen orientado a fortalecer la economía del pequeño productor agrario y fomentar la asociatividad en el campo peruano.

En primer lugar, Castillo Rivas señaló que el artículo 11, que exime del pago del impuesto a la renta a los agricultores con ingresos netos anuales iguales o menores a 30 UIT (S/160 500). Asimismo, precisó que quienes generen entre 30 y 140 UIT pagarán una tasa reducida de 1.5 %, y quienes superen las 140 UIT tributarán con una tasa de 15 %, promoviendo así una estructura tributaria progresiva y justa.

El parlamentario también resaltó el artículo 14, que impulsa la asociatividad entre pequeños, medianos y grandes agricultores para promover la ampliación de la frontera agrícola.

En esa línea, el artículo 10 establece la creación de la marca “Cómprale al pequeño agricultor”, licenciada gratuitamente por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), como estrategia de posicionamiento de sus productos.

Además, se destacaron los artículos 19, 21 y 27, que abordan la promoción del financiamiento, el acceso al crédito a través de COFIDE, y el desarrollo tecnológico en el agro mediante convenios y alianzas estratégicas, respectivamente. También se remarcó la importancia del artículo 6, que promueve prácticas agrícolas sostenibles, y del artículo 17, que refuerza la gestión eficiente del recurso hídrico.

Respecto al acceso a la tierra, el artículo 5 garantiza la propiedad agraria sin discriminación, restringe la expropiación solo a casos de necesidad pública y asegura una indemnización justa.

En la primera disposición complementaria modificatoria, se faculta a los gobiernos regionales a regularizar la tenencia de tierras eriazas en favor de pequeños productores y cooperativas que posean terrenos desde antes del 31 de diciembre de 2020, mediante adjudicación directa y pago de un tercio del valor arancelario.

Castillo Rivas concluyó señalando que la agroexportación, sector que enorgullece al país, ha sido fuertemente golpeada por fenómenos climáticos y la pandemia, por lo que es necesario fortalecerlo ante los retos de la coyuntura internacional, como los elevados aranceles en mercados globales.

Durante el debate, el congresista Carlos Zeballos Madariaga (BDP) expresó su rechazo al dictamen, asegurando que «se ha desnaturalizado el espíritu original de la propuesta legislativa». Criticó la reducción del Impuesto a la Renta al 15 % para todas las empresas agrarias, el régimen especial de depreciación acelerada y la devolución anticipada del IGV. A su juicio, estas medidas subordinan al pequeño productor a las grandes empresas sin garantizar condiciones contractuales justas.

En esa misma línea, Jaime Quito Sarmiento (BS) y Guido Bellido Ugarte (PP) calificaron el proyecto como una «reedición de la Ley Chlimper», denunciando que los artículos del dictamen benefician abiertamente a grandes corporaciones.

Bellido subrayó que “este no es un proyecto inclusivo”, mientras Sarmiento alertó sobre el debilitamiento de la Sunafil y la falta de protección a los derechos laborales en el sector.

Desde otro ángulo, el congresista Víctor Flores Ruiz (FP) defendió el texto del dictamen. Recordó que los pequeños productores con ingresos menores a 30 UIT (S/160 500) están exonerados del impuesto a la renta, y sostuvo que el proyecto promueve la asociatividad, permitiendo a los pequeños agricultores acceder a mercados internacionales.

También, a favor del dictamen, Ilich López Ureña (AP) destacó el papel del sector privado en el crecimiento del agro y la importancia de fortalecer las cadenas productivas. “El ejemplo de los arándanos y el cacao demuestra cómo pequeños y medianos productores pueden integrarse a la agroexportación mediante la asociatividad”, afirmó.

Héctor Acuña Peralta (HyD) por su parte, puso énfasis en que muchos pequeños agricultores ya están exentos de impuestos por su bajo nivel de ingresos y que, en realidad, la norma beneficia principalmente a los grandes productores. “No podemos seguir ampliando beneficios a quienes ya tienen ventajas competitivas”, sentenció.

Durante el debate, la congresista Nilza Chacón propuso una modificación a la disposición complementaria final para facilitar el saneamiento físico-legal de predios rurales a favor de pequeños productores agropecuarios, permitiéndoles formalizar su propiedad mediante un proceso simplificado.

Finalmente, el congresista Edwin Martínez Talavera (NoA) llamó a la reflexión, señalando que el desarrollo agrícola debe incluir a todos los actores: pequeños, medianos y grandes productores. “No se trata de enfrentar modelos, sino de complementarlos con responsabilidad y visión de futuro”, concluyó.

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, el proyecto de ley aprobado será materia de segunda votación transcurrido el plazo de siete días calendario.

Dato:

según un análisis que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el 2024, la «Ley Chlimper 2.0» generaría una pérdida para las arcas públicas estimada en cerca S/1850 millones cada año, y de aproximadamente, S/20 000 millones entre 2025 y 2035.